Un funcionario de la Cámara Federal de Tucumán acusó a un camarista y a colaboradores de ofrecer resolución favorable a cambio de dinero, en un caso que involucra a altas instancias judiciales y políticas. En la provincia de Tucumán, se reveló una denuncia que involucra a un funcionario judicial y a un camarista federal en un esquema de soborno vinculado a la venta de sentencias. La acusación indica que un representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostuvo reuniones con un conocido vinculando su caso a la influencia del camarista Mario Leal y su pareja, Solana Casella, quien trabaja como relatora en la misma cámara. Las reuniones, realizadas en bares de la ciudad, fueron grabadas y documentadas con evidencia de ofrecimientos económicos a cambio de decisiones favorables, específicamente el sobreseimiento del hijo del denunciante en una causa por delitos tributarios y lavado de activos. Este escándalo cobra relevancia en un contexto donde altas esferas del Poder Judicial y vinculaciones políticas parecen mezclarse con procesos judiciales. La denuncia también expone conexiones entre miembros del círculo judicial y el sector académico, además de evidenciar el uso de vehículos oficiales y cuentas virtuales vinculadas a jueces para facilitar operaciones poco transparentes. La investigación ha avanzado con solicitudes de secuestros y análisis forenses, mientras la justicia local busca esclarecer si existen intereses particulares que influyen en decisiones clave en tribunales de Tucumán. El caso revela una problemática más amplia sobre la integridad del sistema judicial, donde actores con alto poder y conexiones podrían estar intentando manipular procedimientos para favorecer intereses económicos o políticos, poniendo en entredicho la independencia del Poder Judicial en esa región. La importancia de estos hallazgos radica en su potencial impacto en la confianza pública en las instituciones y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y
Miércoles, 13 de mayo de 2026
