Chilapa de Álvarez, Guerrero. - Durante más de una década, comunidades de la Montaña han enfrentado agresiones constantes por parte del gobierno y el crimen organizado, que buscan su desplazamiento y sometimiento, según la denuncia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Datos clave
- Organización: Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
- Afectados: Comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán.
- Denuncia: Detención de Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ.
La OCSS exige la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, un destacado defensor de los derechos de los pueblos originarios. La organización responsabiliza a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y al gobierno federal de Claudia Sheinbaum por las repercusiones que sufra el líder y su familia en medio de su lucha por la justicia. Habitantes de las mencionadas comunidades aun no pueden regresar a sus hogares tras las agresiones de grupos criminales ocurridas en mayo de este año.
¿Qué significa para las comunidades indígenas de Guerrero?
Las amenazas y acciones violentas han generado un ambiente de alta tensión en la región, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad de los pueblos originarios. La OCSS advirtió que la estrategia de control implementada por narcotraficantes y autoridades ha resultado en la desarticulación de las comunidades, afectando su autonomía y sus recursos para la producción de alimentos. Esto ha sido claramente evidenciado por el impacto negativo que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la agricultura local.
¿Cómo afecta la detención de líderes sociales?
La detención de Jesús Plácido Galindo se percibe como un intento de silenciar la resistencia social en medio de la creciente presión relacionada con intereses económicos extranjeros en la región. Grupos como Los Ardillos no solo participan en actividades del narcotráfico, sino que también han diversificado sus acciones hacia prácticas de extorsión y minería ilegal. Este escenario pone de manifiesto la compleja relación entre el crimen organizado y las estructuras gubernamentales, lo cual requerirá una mayor atención y respuesta de las autoridades.
El panorama sigue siendo alarmante para los habitantes de la Montaña, quienes enfrentan dificultades para regresar a una normalidad que parece cada vez más lejana. Las organizaciones locales continúan solicitando el apoyo del Congreso Nacional Indígena y otras entidades para hacer frente a estas problemáticas urgentes.
Con información de suracapulco.mx