Miami, Florida. - Roberto Mosquera, un cubano de 59 años, enfrenta una situación crítica tras ser deportado a Esuatini, un país del que nunca había oído hablar. La detención ocurrió hace 17 meses cuando fue a renovar su permiso de trabajo en EE.UU., donde había vivido desde su infancia. Su vida se tornó pesadilla al ser arrestado por el ICE y posteriormente trasladado en un vuelo militar que lo llevó a la prisión de Matsapha en el sur de África.
Mosquera narra su desventura, señalando que llegó a Estados Unidos a los 12 años y había construido una vida estable, trabajando como fontanero y siendo padre de cuatro hijas con nacionalidad estadounidense. “En EE.UU. pagaba mis impuestos y llevaba una vida normal. Ahora no tengo nada y estoy encerrado”, lamenta. Atraído por su pasado, había sido parte de una pandilla en su juventud, pero asegura que había cambiado y se había reintegrado a la sociedad.
La deportación de Mosquera es parte de una política más amplia del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., que ha enviado a más de 25,000 personas a terceros países desde 2025. Entre ellos se incluyen ciudadanos enviados a naciones con conflictos activos como Sudán del Sur. En el caso de Esuatini, el país recibió 5.1 millones de dólares para acoger a deportados, un pacto que ha sido objeto de críticas por lo que implica en términos de derechos humanos.
La periodista Sofía Álvarez, coautora de una investigación sobre este fenómeno, destaca que estas acciones buscan disuadir a futuros migrantes y generar miedo entre aquellos que ya se encuentran en EE.UU. “La imagen de los deportados es impactante, muchos están aterrado de ser la próxima víctima”, advierte.
Actualmente, Mosquera permanece en una celda, mientras sus esperanzas de un cambio en la política migratoria surgen tras la reciente derrota electoral del Partido Republicano. Su futuro sigue siendo incierto, marcado por la lucha por recuperar su libertad y su vida.
Con información de lavanguardia.com