Michoacán se enfrenta a un alarmante incremento de violencia contra defensores del medio ambiente. Un informe reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) revela que las agresiones incluyen persecuciones, desapariciones y asesinatos, con muchas víctimas sin acceso a la justicia.
## Datos clave - Cuándo: Datos acumulativos hasta 2023 - Dónde: Michoacán, México - Quién: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) - Qué: Aumento de violencia contra ambientalistas - Causas: Defensores de recursos naturales
La situación en Michoacán es crítica, especialmente en áreas donde se protegen bosques, ríos y tierras con riqueza mineral. Esta violencia no solo amenaza a las personas, sino que también refleja la debilidad institucional para abordar estos problemas. A pesar de que el Congreso estatal aprobó en 2025 una reforma a la Constitución en relación con el derecho a un medio ambiente sano, la implementación de políticas efectivas sigue siendo insuficiente.
## ¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afecta a Michoacán? El Acuerdo de Escazú, firmado por México y otros 23 países de América Latina y el Caribe, se centró en proteger a los defensores del medio ambiente. A través de este acuerdo, se busca garantizar un entorno seguro para quienes defienden los recursos naturales, estableciendo compromisos claros para los estados firmantes. Michoacán ha sido pionera en incluir estos principios en su Constitución, pero aún enfrenta desafíos críticos en su aplicación efectiva.
## ¿Qué medidas se requieren para frenar la violencia? Es fundamental que el gobierno de Michoacán tome acciones concretas para frenar la violencia contra los ambientalistas. Esto incluye fortalecer las instituciones existentes y crear las necesarias para garantizar la seguridad de los defensores. La falta de protocolos de protección y una respuesta adecuada a las agresiones han permitido que la violencia persista, poniendo en riesgo no solo a los individuos, sino también al patrimonio natural del estado.
El compromiso con la protección de los recursos naturales y de sus defensores no debe ser solo un principio legal, sino una política activa. La atención gubernamental en este asunto debe ir acompañada de acciones que realmente cambien la realidad de violencia y acoso que enfrentan estos ciudadanos. La sociedad civil y las autoridades deben trabajar conjuntamente para asegurar que el Acuerdo de Escazú se traduzca en resultados tangible y positivos, promoviendo un entorno más sano y seguro para todos.
Con información de quadratin.com.mx