Ciudad de México, CDMX. - Altán, la única infraestructura de telecomunicaciones que opera en zonas marginadas de México, enfrenta una crisis que podría afectar su capacidad de ofrecer servicios. La empresa es crucial para garantizar el acceso a la información y a derechos fundamentales, pero su existencia depende de un apoyo estatal sólido y transparente.
Entre 2020 y 2022, el gobierno federal aportó recursos significativos a Altán, adquiriendo deuda y capital a un costo reducido. Esto buscaba asegurar que la cobertura social permaneciera bajo control estatal, evitando así la monopolización del mercado por operadores tradicionales como Telcel y AT&T. Sin embargo, sin un mecanismo de fondeo claro y equitativo, los riesgos de un nuevo fracaso son altos.
La intervención estatal sobre Altán ha permitido la competencia en el mercado de telecomunicaciones, pero genera preocupaciones sobre posibles favoritismos que podrían desencadenar un nuevo estancamiento financiero. Expertos sugieren que se necesita un fondo de cobertura universal que funcione bajo principios de transparencia y competitividad, como lo exige el Artículo 18.19 del T-MEC.
Además, el alto costo del espectro en México ha sido señalado como un obstáculo significativo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha expuesto que este costo, una de las tarifas más elevadas de América Latina, limitaría aún más la capacidad de Altán para cumplir con su misión. Por lo tanto, una revisión de estas tarifas debe estar acompañada de un compromiso para establecer un fondo de cobertura que permita a la empresa operar eficientemente.
A medida que se acerca la revisión del T-MEC en 2026, el futuro de Altán sigue en la cuerda floja. Sin cambios estructurales que garanticen transparencia y cobertura social, la continuidad de los servicios en áreas marginadas podría verse severamente comprometida.
Con información de expansion.mx