CIUDAD DE MÉXICO. – El anuncio de un incremento en la pensión para personas con discapacidad a partir de 2026, que elevará el apoyo a 3,300 pesos bimestrales, ha generado un ambiente de alivio entre los beneficiarios, pero también ha encendido las alarmas sobre el impacto fiscal en un contexto de ajustes presupuestales. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó la medida, que entrará en vigor en 2026. Este aumento representa un beneficio directo para miles de familias mexicanas, ampliando el ingreso bimestral y mejorando su calidad de vida. Paralelamente, la Secretaría de Bienestar se encuentra preparando una encuesta nacional para evaluar de manera más precisa las condiciones de vida y las necesidades de inclusión de las personas con discapacidad. La decisión de incrementar esta pensión en 2026 se produce en un momento crucial para las finanzas públicas del país. El anuncio se da en la recta final del ejercicio presupuestal de 2025 y se suma al debate nacional sobre las prioridades de gasto. En 2025, la Secretaría de Bienestar ya había reportado una inversión significativa en programas sociales, y la adición de un pago mayor en 2026 intensifica la presión sobre el presupuesto federal. Esta situación podría derivar en la necesidad de recortes en otras partidas presupuestarias o en una reasignación de fondos, decisiones que recaerán en el Congreso. Las reacciones al anuncio han sido diversas. Mientras la titular de Bienestar ha defendido la medida como una prioridad para la inclusión y el progreso social, las familias beneficiarias han expresado su gratitud por el alivio económico que representa. Sin embargo, algunos analistas han manifestado su preocupación por la sostenibilidad fiscal del incremento. La propia secretaria Montiel ha señalado que el apoyo ha aumentado año con año, reflejando una política social en constante expansión. Esta combinación de optimismo y cautela posiciona la medida como un tema sensible tanto en la esfera política como en la o
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