La expansión delictiva refleja fallas en las instituciones y la economía informal, logrando controlar territorios y servicios públicos en varias regiones. En muchas regiones mexicanas, los grupos criminales han dejado de ser simplemente actores ilícitos para convertirse en auténticos gestores de la vida social y política local. Estos cárteles han desarrollado estructuras que les permiten administrar seguridad, cobrar impuestos e incluso influir en procesos electorales, en un proceso que evidencia una profunda desintegración del Estado de Derecho. La debilidad institucional, la crisis fiscal en los municipios y el incremento de la economía informal son los principales factores que han favorecido esta expansión del poder criminal. La insuficiencia de capacidades policiales en provincias y la limitada inversión en seguridad impiden que las autoridades ejerzan control efectivo, lo que permite a las organizaciones delictivas consolidar su presencia. Además, los municipios enfrentan restricciones presupuestarias que los vuelven vulnerables a las tentaciones de alianzas con grupos criminales, quienes ofrecen soluciones rápidas en un entorno de desigualdad y falta de oportunidades. Estas organizaciones, además, cumplen funciones que deberían ser del Estado social, generando empleos, resolviendo conflictos y brindando servicios básicos, con la legitimidad que la misma población les confiere en ausencia de instituciones eficaces. Este fenómeno no solo implica violencia y narcotráfico; en muchos casos, las organizaciones criminales participan activamente en la gestión local, controlando licitaciones públicas y relegando a los funcionarios tradicionales. La “coadministración” en municipios altera el orden legal y erosiona la autoridad pública, convirtiendo a estos territorios en pequeñas comunidades controladas por un poder paralelo. La captura institucional hace que las policías y los alcaldes actúen en beneficio de los intereses del crimen, desplazando la presencia del Estado
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