El aumento de desapariciones revela fallas institucionales que revictimizan a las víctimas y obstaculizan soluciones efectivas. En México, la desaparición de personas se ha convertido en una crisis que desafía a las instituciones y preocupa a la sociedad civil. A pesar de los esfuerzos y leyes implementadas en los últimos años, la realidad revela un aumento constante en los casos no resueltos, así como fallas alarmantes en la atención a las víctimas. El año 2025 cerró con una cifra récord de más de 14,100 personas desaparecidas, el mayor número desde que se tienen registros. Esto refleja un incremento del 8% respecto a 2024 y sugiere que, de mantenerse la tendencia, al terminar el sexenio próximo, podrían totalizar cerca de 100,000 casos sin resolver. La cifra oficial de personas desaparecidas desde 1964 supera ya las 133,000, pero las cifras invisibilizadas por el miedo, la marginación y el Estado de ausencia en ciertos contextos, hacen que la realidad sea aún más grave. El uso de criterios restrictivos y la falta de una actualización transparente en el registro impiden tener una visión clara de la magnitud del problema. La tendencia oficial a centrarse solo en casos reportados con carpeta de investigación puede esconder la verdadera dimensión de la crisis, marcada por la 'cuarta ola' de desapariciones, vinculadas a actividades delictivas y a una creciente impunidad. Los obstáculos institucionales también obstaculizan la búsqueda y búsqueda efectiva. El control territorial de las organizaciones criminales, la corrupción y la falta de recursos y compromiso político han debilitado la capacidad para atender estos delitos. La impunidad alcanza niveles cercanos al 100%, dejando en un limbo a las víctimas y sus familias que buscan justicia. Desde 2017, la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y otras modalidades no ha sido suficiente para revertir la tendencia. La colaboración entre diferentes instituciones y una mayor inversión en capacit
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