Las alcaldías y gobernaciones en México están obligadas a financiar jornadas permanentes de esterilización animal y a garantizar recursos para programas de bienestar enfocados en perros y gatos en situación de abandono. Esta directiva, emitida por la Procuraduría General de la Nación, marca un cambio significativo en la gestión de la protección animal en el país.
Datos clave
- Quienes: alcaldes y gobernadores en México.
- Qué: obligación de financiar programas de esterilización y bienestar animal.
- Dónde: a nivel nacional en México.
- Cuándo: en vigor desde este año (2026).
- Responsable: Procuraduría General de la Nación.
La Directiva 012 de 2026, impulsada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, incluye 22 acciones que buscan fortalecer la protección animal y prevenir el maltrato. El incumplimiento de estas medidas puede conllevar investigaciones y sanciones para los funcionarios que no cumplan con las nuevas normativas.
Entre los principales objetivos de la directiva se encuentra el control de la población de animales domésticos mediante programas de esterilización que sean financiados con recursos públicos. Las administraciones locales deberán adoptar un enfoque integral que incluya la captura, esterilización y retorno de animales en condiciones de calle, asegurando así la continuación de estos programas con financiamiento adecuado.
¿Qué acciones específicas deben tomar los municipios?
Los municipios tienen la responsabilidad de establecer Fondos Municipales de Protección Animal para asegurar el financiamiento de las políticas de bienestar animal. Además, deberán formular planes regionales que aborden las necesidades específicas de sus comunidades.
Asimismo, se ordena la construcción de Centros de Bienestar Animal, con espacios designados para el cuidado y manejo de animales domésticos. Estas instalaciones deberán ser parte de políticas públicas a largo plazo, en lugar de depender de iniciativas temporales.
¿Qué cambios se implementarán a nivel nacional?
La directiva también asigna nuevas funciones a diferentes entidades gubernamentales. El Ministerio de Ambiente tendrá que crear una Ruta de Atención al Maltrato Animal y la Policía Nacional deberá recibir capacitación adicional para gestionar e investigar casos de maltrato animal. Adicionalmente, el Ministerio de Educación incorporará contenidos educativos sobre bienestar animal en sus programas.
Con la creación de una Mesa Nacional de Seguimiento, se evaluarán semestralmente los avances en la implementación de estas medidas. Los funcionarios que no cumplan con estas obligaciones enfrentarán posibles sanciones, resaltando así que el bienestar animal es una responsabilidad legal fundamental para todas las autoridades públicas.
Con información de elheraldo.co