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Esterilización voluntaria: un derecho enfrentando prejuicios

La ligadura de trompas, un derecho reconocido, enfrenta obstáculos y prejuicios en México, especialmente para mujeres jóvenes sin hijos que desean acceder a este método anticonceptivo permanente.

Por Redacción3 min de lectura
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Ciudad de México. – La ligadura de trompas, un método anticonceptivo permanente, se presenta como un derecho para mujeres jóvenes que deciden no tener hijos, pero su acceso a menudo se ve obstaculizado por prejuicios y dudas del personal médico. Jacqueline, a sus 19 años, decidió que no deseaba ser madre y solicitó una esterilización voluntaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, no fue hasta los 22 años que logró realizarse el procedimiento, tras una espera de casi tres años marcada por trámites, valoraciones y negativas. El principal obstáculo fue su juventud y el hecho de no haber tenido hijos. “Me decían que no, que primero tenía que tener por lo menos un hijo y que todavía era muy joven para tomar esa decisión”, relata Jacqueline sobre las trabas que enfrentó. A pesar de las insistencias, cada solicitud era rechazada bajo el argumento de que aún era joven para una decisión tan definitiva. La Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), conocida como ligadura de trompas, es un método anticonceptivo irreversible con una eficacia del 99%, según la Organización Mundial de la Salud. Consiste en bloquear las trompas de Falopio para evitar la concepción. La doctora Fernanda Sarabia, ginecóloga y obstetra, explica que la ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico seguro que puede realizarse mediante técnicas abiertas o laparoscópicas, con recuperaciones rápidas. A pesar de que las normativas mexicanas y tratados internacionales reconocen la esterilización voluntaria como un derecho que no debe condicionarse por edad o número de hijos, en la práctica existen resistencias. La NOM-005 de servicios de planificación familiar y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) respaldan este derecho. La doctora Araceli Carrillo, del Hospital Belisario Domínguez, describe el proceso en hospitales públicos: se realiza un interrogatorio, una historia clínica completa y se solicita una valoración psicológica

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