Claudia Sheinbaum impulsa acciones contra el crimen organizado en un contexto marcado por disputas internas y reconfiguración del régimen criminal. La política de seguridad pública implementada en México en los últimos meses tiene como base decisiones influenciadas por diversos factores políticos y del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha priorizado un enfoque centrado en la inteligencia para debilitar a las organizaciones delictivas, incrementando notablemente los operativos en comparación con administraciones anteriores. Durante los primeros 100 días de su gestión, las fuerzas federales intensificaron sus acciones, logrando la captura de numerosos presuntos delincuentes y la incautación de armas y mercancías ilícitas, además de extraditar a Estados Unidos a criminales de alto perfil. Este replanteamiento de las estrategias responde a una serie de coyunturas que incluyen la expansión de la influencia estadounidense con la política migratoria y de seguridad de Donald Trump, las tensiones internas dentro del movimiento Morena por la sucesión presidencial, y la reconfiguración del poder criminal tras la caída de líderes como Mayo Zambada. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque muestran avances operativos, no abordan en su totalidad los profundos problemas sociales y la percepción de que la violencia sigue en aumento, debido a la continuidad de ciertas políticas que minimizan el impacto de la violencia real en el país. El panorama evidencia que, pese a los avances tácticos en la lucha contra el crimen, la situación de inseguridad en México requiere un abordaje integral que vaya más allá de la represión, considerando las raíces sociales y económicas que alimentan la violencia.
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