La fiscalía inicia proceso contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción por beneficio en pensión de su difunto esposo, en medio de controversia política y legal. La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la apertura de un proceso jurídico contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por presunto uso ilícito de sus facultades. La acusación se basa en que Casar habría recibido, de manera indebida, una pensión vitalicia correspondiente a su esposo, Carlos Márquez, exfuncionario de Petróleos Mexicanos, quien falleció hace más de 20 años. El caso se aceleró en mayo de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras acusaciones públicas que señalaron a Casar de cobrar esta pensión durante dos décadas en condición presuntamente incompatible con la normativa de Pemex, que prohíbe tales beneficios en casos de muerte por suicidio. La petrolera también señaló que Casar buscó influir en la autoridad para modificar los registros oficiales que contrasted con los dictámenes periciales. En el contexto, se reveló que Pemex detuvo los pagos en 2024 y emprendió acciones para cobrar más de 31 millones de pesos, correspondientes a pensiones y seguros acumulados. Sin embargo, pese a resoluciones judiciales que ordenaron la continuidad de la pensión, la autoridad fiscal inició procesos penales, con una audiencia programada para el 16 de diciembre de 2024, en la que se determinará si Casar será vinculada a proceso y podrá defenderse en libertad. Este caso ha adquirido un fuerte tinte político, debido a que Casar ha sido una crítica abierta del gobierno de Morena y de su figura ha recaído una ofensiva que algunos analistas consideran motivada por agendas internas. La polémica también ha reavivado debates sobre el uso de información personal y las implicaciones de divulgar documentos familiares en escenarios políticos y judiciales. En los últimos años, María Amparo Casar ha emergido como una figura que representa r
Sábado, 9 de mayo de 2026
