La última sesión se realizará el martes 12, marcando el cierre de 30 años de decisiones clave y un proceso de renovación institucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo su última sesión el martes 12, concluyendo un periodo de 30 años en el que se abordaron temas fundamentales como los derechos reproductivos, matrimonios igualitarios y la liberación de Florence Cassez. Este cierre marca el fin de una etapa marcada por decisiones polémicas y cambios jurídicos de gran impacto social. Durante estas tres décadas, la Corte ha dictado resoluciones que han definido derechos para las mujeres, reconocieron derechos de personas del mismo sexo y invalidaron pruebas en casos de secuestro, como el de la ciudadana francesa Florence Cassez, por montaje policial. La gestión saliente deja un saldo de tensiones políticas, cuestionamientos públicos y pendientes en operación interna, legitimidad y comunicación institucional. Héctor Díaz Santana, ex fiscal y especialista en Derecho, señala que el principal reto de la nueva administración será definir si operará bajo un esquema de liderazgo vertical o como un órgano colegiado que establezca una ruta común. Además, destaca la importancia de preparar a los más de 800 jueces y magistrados que ingresan al Poder Judicial Federal tras el proceso de selección ciudadana, asegurando su competencia en audiencias y procesos orales. El experto también advierte sobre la necesidad de fortalecer la cohesión interna del Poder Judicial y equilibrar la experiencia de jueces veteranos con la energía de los nuevos integrantes. La legitimidad de la Corte se verá afectada por el escándalo en el proceso de selección y por la percepción pública de su papel. Entre los temas pendientes, Díaz Santana menciona casos tributarios y financieros relacionados con evasión fiscal de grandes empresas, así como concesiones en sectores como telecomunicaciones y energía. Por su parte, Abraham Solís, constitucionalista y ex funcionario de la Suprema Cort
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