Autoridades de Michoacán investigan cómo vulneraron la seguridad del edil antes de su asesinato, mientras la comunidad exige justicia y enfrenta el impacto del crimen organizado. El pasado 1 de enero, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en un violento ataque que conmocionó a la región. La Fiscalía estatal trabaja para esclarecer cómo fue vulnerado el esquema de seguridad que rodeaba a la autoridad local, la cual contaba con protección de ocho escoltas y un contingente de 14 agentes de la Guardia Nacional en el momento del crimen. Analizan pericialmente las circunstancias para comprender si hubo distracción o fragilidad en su protección personal que permitieron la perpetración del ataque. Las investigaciones apuntan también a identificar la célula criminal responsable, que en este caso incluyó a un menor de edad como autor material. La motivación del homicidio se relaciona con los amplios problemas de seguridad y extorsión en la zona, donde la lucha contra organizaciones criminales resulta crucial para el bienestar de la población. La muerte del munícipe ha avivado el reclamo social por justicia, con manifestaciones masivas en Uruapan y una demanda unificada para erradicar la violencia y devolver la tranquilidad a la comunidad. Desde su cambio de partido y su trayectoria, Carlos Manzo representaba un esfuerzo independiente para una gestión más cercana a la ciudadanía, enfrentándose a un entorno marcado por la criminalidad. La viuda del alcalde, Grecia Quiroz, asumió un cargo interino en el Congreso local y realizó un enérgico llamado a las autoridades federales para reforzar la seguridad en Uruapan, particularmente contra las extorsiones que afectan diversos sectores. La comunidad se ha movilizado con la esperanza de que la justicia prevalezca y de que el legado del alcalde sirva de ejemplo para fortalecer la lucha contra la delincuencia en Michoacán, un estado que renovará su gubernatura en 2027.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
