Richmond, Virginia. - Un juez federal ha suspendido temporalmente la implementación de una ley en Virginia que buscaba restringir la colaboración entre las fuerzas policiales locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La decisión del juez Robert Payne anula la exigencia de reescribir los convenios bajo el programa 287(g) antes del 1 de septiembre, lo que deja sin cambios los acuerdos ya existentes.
La normativa, que forma parte de las leyes SB 783 y HB 1441 promulgadas a inicios de este año, tenía la intención de establecer limitaciones contundentes a la actuación de ICE. Entre estas restricciones se incluían la prohibición de operar en lugares sensibles, como escuelas y templos, así como la necesidad de órdenes judiciales para acceder a residencias.
Este fallo surge a raíz de una impugnación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que la legislación estatal violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución al interferir con acuerdos existentes entre el gobierno federal y las autoridades locales. Por lo tanto, los convenios ya firmados continuarán vigentes sin modificaciones, mientras se desarrolla el litigio en la corte federal del Distrito Este de Virginia.
A pesar de la paralización de la nueva ley, se mantiene una restricción importante: los municipios que no eran parte del programa 287(g) no podrán incorporarse. La Fiscalía General de Virginia planea apelar la decisión para reinstaurar las limitaciones sobre las acciones de ICE, en medio de un creciente debate sobre las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales en el estado.
La resolución judicial implica que las autoridades locales pueden continuar con la verificación del estatus migratorio de los detenidos y compartir información con ICE sin restricciones inmediatas. Esto afecta directamente a las comunidades inmigrantes, creando un entorno de incertidumbre en torno a sus derechos y la presencia de ICE en su vida cotidiana.
Con información de 2001online.com