La normativa, que busca atención y reparación integral a víctimas, aún espera su aval en el Senado, a pesar de su importancia creciente. Desde agosto de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que busca establecer un marco legal integral para atender a las personas desplazadas por violencia interna. Sin embargo, la aprobación definitiva aún no se concreta, ya que la propuesta permanece detenida en el Senado, que no ha avanzado en su discusión o decisión. La legislación propone crear un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional dedicado a prevenir, atender y reparar a las víctimas, además de un Fondo Nacional destinado a financiar las acciones necesarias. La falta de una ley federal coordina una situación de grave invisibilidad, dejando sin recursos ni reconocimiento a quienes deben huir de zonas peligrosas. La Universidad Iberoamericana alerta que, en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, existen leyes específicas para atender a desplazados; sin embargo, en los principales focos de violencia, como Michoacán y Chihuahua, no hay mecanismos legales para apoyar a estas personas. La violencia creciente en estos estados ha provocado un aumento alarmante en el desplazamiento interno, dificultando la estadística oficial y dejando a muchas víctimas sin protección jurídica. La morosidad en la aprobación de esta ley prolonga una problemática que requiere atención urgente del Estado para garantizar derechos y apoyo a los afectados.
Sábado, 9 de mayo de 2026
