Agricultoras de diversos estados piden incluir sus voces en la legislación y fortalecer instituciones para la búsqueda y atención de desaparecidos. Un encuentro cerrado reunió a madres y representantes de colectivos de varios estados del país para abordar la inclusión de las familias de personas desaparecidas en las reformas legales y en la creación de instituciones dedicadas a su búsqueda. Las asistentes coincidieron en que cualquier cambio en la legislación debe surgir de un proceso participativo y consultivo, priorizando las necesidades reales de quienes enfrentan la desaparición de seres queridos. La experiencia en estados como Morelos demuestra que la participación activa de las familias en la construcción de leyes y políticas públicas puede mejorar la respuesta institucional; allí, desde 2017, trabajaron directamente con familiares en un marco legal que ahora consideran un ejemplo. Además, señalaron que la creación de una fiscalía especializada y el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda requieren recursos adecuados y equipamiento necesario, temas que deben priorizarse en el análisis legislativo. La falta de recursos y tecnología limita aún la eficiencia de las búsquedas en diversas regiones, como Chihuahua, donde la operación de las instituciones aún presenta deficiencias. La comunidad de madres buscadoras insiste en que el Estado tiene la responsabilidad de asignar presupuestos suficientes para garantizar atención forense, identificación y acompañamiento psicológico, elementos fundamentales para afrontar esta crisis humanitaria. En países como Jalisco, la inversión en este ámbito superó los mil millones de pesos, un ejemplo que otros estados podrían seguir mediante la definición de sus propias necesidades y recursos.
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