El Congreso y organismos internacionales exigen un marco legal integral para proteger a las víctimas y regular el registro oficial en medio de una crisis creciente. El desplazamiento forzado interno en México se consolida como una crisis humanitaria que requiere atención urgente. En un foro organizado por la diputada federal por Baja California, Evangelina Moreno Guerra, expertos, organismos internacionales, víctimas y autoridades gubernamentales discutieron la gravedad de un fenómeno en expansión, impulsado por violencia, disputas territoriales, desastres naturales y efectos del cambio climático. Se estima que para 2024, más de 390 mil personas habrán sido desplazadas debido a la violencia, mientras que otras 53 mil huyeron de sus hogares por fenómenos naturales. En 2023, un informe oficial reportó que más de 320 mil hogares en México se vieron forzados a migrar por motivos de inseguridad, cifras que reflejan un aumento sin precedentes. La falta de un registro oficial unificado agrava la crisis, limitando la capacidad de las instituciones para brindar respuestas efectivas y orientadas a derechos humanos. La participación internacional, con la presencia de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Paula Gaviria Betancur, aportó diagnósticos actualizados que evidencian un incremento en los eventos de desplazamiento en 2024, con cerca de 29 mil afectados en eventos que concentraron sobre todo en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. A la problemática se suman métodos cada vez más peligrosos, como el uso de drones con explosivos en comunidades vulnerables. El contexto global señala que los desplazamientos internos en México no solo son un desafío humanitario, sino también un indicador de inseguridad y violencia persistentes, cuya solución requiere coherencia legislativa y acciones coordinadas a nivel nacional. La diputada Moreno Guerra enfatizó que fortalecer estadísticas confiables y mecanismos de protección es esencial para garantiz
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