El gobierno mexicano sustituye el Fonden por un fondo propio de mil 900 millones de pesos, prometiendo mayor rapidez y transparencia en la atención a desastres. El gobierno de México ha dejado atrás el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un mecanismo establecido en 1996 para responder a eventos catastróficos de gran magnitud. La desaparición de este fideicomiso, que se había mantenido en operación durante más de dos décadas, fue justificada por las autoridades como un paso para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la entrega de apoyos. En lugar del fideicomiso, se ha implementado una bolsa de recursos propios por aproximadamente 19 mil millones de pesos, destinada a responder de manera más rápida y transparente ante emergencias causadas por fenómenos hidrometeorológicos o geológicos en distintas regiones del país, incluyendo Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. Este cambio ha generado opiniones divididas entre analistas. Algunos expertos señalan que la eliminación del Fonden impide acumular recursos para la prevención y atención a largo plazo, ya que anteriormente se podían crear ahorros en años de baja actividad sísmica o lluvias moderadas. La normativa vigente ahora obliga a destinar un porcentaje mínimo del gasto público a la prevención, pero esa reserva no alcanza para cubrir necesidades futuras en una situación de aumento de eventos extremos. La modificación en las reglas presupuestarias refleja un enfoque diferente en cómo el Estado debe prepararse y responder ante catástrofes naturales, lo cual puede afectar la capacidad de respuesta ante fenómenos severos. La decisión ha sido presentada por el actual gobierno como un mecanismo efectivo y libre de corrupción, aunque expertos advierten sobre posibles limitaciones en la planeación a largo plazo. La transferencia de responsabilidades y recursos busca garantizar asistencia más efectiva y rápida, en un contexto de incremento en la intensidad de desastres naturales vinculados al cambio climá
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