El homicidio del alcalde de Uruapan refleja la escalada del crimen en un estado marcado por crisis de seguridad y disputas entre cárteles desde 2021. En los últimos años, Michoacán ha experimentado una marcada escalada en la inseguridad, evidenciada por el aumento de homicidios y desapariciones. Desde que Alfredo Ramírez Bedolla asumió la gubernatura en octubre de 2021, se han registrado más de 7,400 homicidios dolosos en la entidad, posicionándola como una de las regiones más violentas del país. La situación se agrava con la presencia activa de diversos grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y La Familia Michoacana, que mantienen disputas territoriales en municipios claves. Uno de los hechos que refleja la gravedad del contexto es el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en pleno espacio público durante un festival. Manzo, quien habría enfrentado amenazas y presiones por parte del crimen organizado, dejó un legado de lucha contra la violencia y la inseguridad. Su muerte generó protestas y un fuerte rechazo social, evidenciando el nivel de inseguridad en el estado. Además, otros cinco alcaldes de diferentes extractos políticos han sido asesinados en el mismo período, lo que ha puesto en duda la protección institucional en la región. El problema no solo se limita a la violencia política sino que se extiende a fenómenos como la extorsión a productores agrícolas, que afectan a sectores económicos fundamentales como el cultivo de limón y aguacate. La presencia de células criminales que cobran por “protección” y recursos ha provocado desplazamientos y dificultado el desarrollo productivo, sin una estrategia clara para combatir estas prácticas. La crisis de seguridad en Michoacán se acompaña de cifras alarmantes: en ese mismo período, más de 3,000 personas han sido reportadas como desaparecidas, muchas de ellas víctimas del reclutamiento forzado por la delincuencia. El deterioro en la seguridad también implica
Sábado, 9 de mayo de 2026
