La presencia de Lenia Batres en la Suprema Corte implica altos costos para el erario, a pesar de su discurso de austeridad y los principios de la 4T. En medio de las discusiones sobre austeridad y eficiencia en el gasto público, la presencia de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia por el volumen de recursos que implica su equipo de trabajo. La ministra, conocida por su discurso en favor del pueblo, lidera la ponencia con la mayor cantidad de colaboradores en el tribunal, sumando un total de 78 personas en su equipo. Este número supera al de otras ministras y ministros, incluso al del presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, quien cuenta con 60 integrantes en su ponencia. El análisis de los sueldos revela que el pago mensual neto por estos colaboradores asciende a aproximadamente 3.7 millones de pesos, con una cifra bruta de más de 5 millones de pesos. Entre los asistentes y técnicos a su cargo, sobresale un secretario de Estudio y Cuenta con un salario mensual neto de casi 120 mil pesos, considerablemente superior a los 133 mil pesos que recibe la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, según datos oficiales. Adicionalmente, otros asesores y auxiliares perciben más de 86 mil pesos mensuales cada uno, sumando un gasto que en total impacta las finanzas públicas. Cabe destacar que, pese a su discurso de austeridad, la propia ministeria cuenta con un sueldo mensual neto de más de 128 mil pesos, acompañados de prestaciones y beneficios adicionales. La situación plantea una disonancia entre la narrativa oficial y los recursos que se asignan a los colaboradores en el tribunal. La presencia de estos altos costos en un contexto donde se promueve la reducción del gasto público genera cuestionamientos sobre la coherencia de las políticas de austeridad en el Poder Judicial y su impacto en la percepción pública. Desde una perspectiva más amplia, estos datos reflejan las desigualdades internas dentro del sistema judicial
Sábado, 9 de mayo de 2026
