La ley establece hasta 42 años de cárcel sin beneficios para quienes cometan extorsión, fortaleciendo la persecución del delito a nivel federal y estatal. Recientemente, el Congreso de México aprobó de manera unánime una ley que busca punir con mayor severidad la extorsión, un delito que ha mostrado un incremento significativo en los últimos años. La normativa establece penas que alcanzan hasta 42 años de prisión sin posibilidad de beneficios penitenciarios para quienes incurren en este acto, incluyendo agravantes según la gravedad, como violencia física, cobro de piso o el involucramiento de menores y personas vulnerables. La legislación también restablece la responsabilidad penal para servidores públicos que conozcan de extorsiones sin reportarlas, con sanciones de hasta 20 años de cárcel. Además, se crea un sistema nacional para el seguimiento y denuncia del delito, además de facilitar reportes anónimos vía telefónica. En un contexto más amplio, esta reforma forma parte de un esfuerzo del Estado para combatir el crecimiento de la extorsión en el país, que en 2024 registró más de 5.7 millones de casos, con un incremento del 57% en comparación con años anteriores. La iniciativa busca uniformar las sanciones y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para disminuir este flagelo que afecta a negocios y particulares por igual.
