Desde el 12 de diciembre, la reforma busca garantizar un acceso equitativo y sustentable al agua, fortaleciendo la participación gubernamental y social en su gestión. Este viernes 12 de diciembre, la Ley General de Aguas, junto con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, entraron en vigor en México tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La normativa establece el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, marcando un marco legal que promueve un uso sustentable, equitativo y responsable del recurso hídrico. Además, define las competencias y responsabilidades del gobierno federal, estatal y municipal, incentivando la participación ciudadana y asegurando la protección de los derechos en un contexto donde la escasez y el manejo del agua son temas prioritarios a nivel nacional. La legislación incorpora principios fundamentales como la equidad intergeneracional, la no discriminación y la participación informada, además de prohibir la suspensión total del servicio por falta de pago, garantizando un suministro mínimo para el consumo humano. Contextualmente, esta reforma surge en un momento donde la gestión del agua en México enfrenta desafíos críticos relacionados con la desigualdad, el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales. La ley busca fortalecer el marco normativo para responder a estas problemáticas, promoviendo políticas públicas inclusivas que consideren aspectos de género, interculturalidad y protección ecológica, integrando un enfoque intersectorial que priorice la protección de derechos y la seguridad hídrica del país. El decreto también especifica que las concesiones y derechos sobre el agua deben priorizar el consumo humano, además de regular las transferencias y fusiones de derechos, con mecanismos claros para limitar el acaparamiento ilícito y promover sistemas de captación de agua pluvial, una medida fundamental en zonas con recursos limitados. La ley fue aprobada e
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