La propuesta legislativa, denominada "Ley Manzo", busca fortalecer la seguridad de funcionarios y ampliar mecanismos contra el crimen organizado en la región. Un proyecto de reforma legal en Michoacán propone medidas drásticas para combatir la violencia y la impunidad, incluyendo sanciones severas para quienes protejan a delincuentes y faciliten actividades ilícitas. Denominada "Ley Manzo" en honor al alcalde de Uruapan, fallecido en un atentado en noviembre de 2025, la iniciativa del Congreso estatal apunta a fortalecer la protección de funcionarios municipales ante amenazas y ataques. El plan incluye el establecimiento de seguridad federal obligatoria para presidentes municipales en situación de riesgo, así como la simplificación de trámites para que habitantes puedan poseer armas en sus hogares, bajo controles específicos. Además, contempla endurecer las penas en delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, sin considerar la edad del agresor, con sanciones que alcanzan hasta los 65 años de cárcel para los máximos casos. Sobre la participación ciudadana, la ley busca facilitar requisitos para candidaturas independientes y ofrecer informes mensuales sobre avances en investigaciones relacionadas con el asesinato de funcionarios públicos. También propone penas de hasta 40 años por el uso y distribución de insignias o vehículos falsificados de seguridad pública, además de penalizar con multas y prisión a quienes oculten o protejan a delincuentes en el seno familiar o afectivo. Este impulso legislativo sucede en un contexto de inestabilidad en Michoacán, donde la violencia dirigida contra funcionarios municipales ha generado preocupación en la sociedad. La muerte de Carlos Manuel Manzo, entonces alcalde de Uruapan, marcó un hito en la percepción de la inseguridad en la entidad, empujando a las autoridades a avanzar en reformas que refuercen la protección de sus representantes y combatan la impunidad, una problemática que afecta en mayor medida las
Miércoles, 13 de mayo de 2026
