La legislación recientemente aprobada fortalece las sanciones para quienes transporten y vendan agua sustraída ilegalmente, con penas de hasta cinco años de prisión. México implementará una de las legislaciones más estrictas contra el delito de robo de agua, al tipificarlo como un “delito hídrico” que será perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia previa. La nueva Ley General de Aguas, vigente tras su aprobación en la Cámara de Diputados, establece sanciones penales de hasta cinco años de cárcel para quienes transporten o vendan agua extraída de manera ilegal, especialmente en zonas agrícolas, industriales y urbanas donde operan pipas con capacidades que superan los diez mil litros. La normativa también contempla multas económicas y el decomiso de vehículos utilizados en actividades ilícitas relacionadas con el agua. Además, se consideran delitos las acciones que alteren ríos, bloqueen canales o manipulen corrientes, fortaleciendo la protección del recurso hídrico en todas sus formas. Con estas medidas, el gobierno busca frenar un problema que, si no se atiende, afecta a comunidades con severas carencias y a la sustentabilidad del agua en el país, reforzando la vigilancia en la gestión y distribución del recurso vital.
Sábado, 9 de mayo de 2026
