La tensión crece en el noroeste bonaerense por la paralización de obras hídricas ante las inundaciones persistentes, y se intensifica el conflicto con el gobierno nacional y local. La comunidad rural de 9 de Julio, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, vivió un día de fuerte protesta debido a las inundaciones que afectan la región desde hace seis meses. Productores que enfrentan crecidas acumuladas en localidades como La Niña y Naón expresaron su descontento con la gestión local y nacional por la falta de respuestas concretas para mitigar los efectos de las lluvias. La manifestación incluyó quema de cubiertas y la toma del palacio municipal, donde increparon duramente a las autoridades en busca de soluciones urgentes. Este malestar evidencia la crisis hídrica que golpea a la zona, agravada por la paralización de obras clave financiadas con fondos destinados a infraestructura hídrica, como el Fondo de Infraestructura Hídrica que continúa recaudando recursos a través de impuestos específicos. La desidia en la ejecución de obras de dragado y mantenimiento en la Cuenca del Salado ha dejado a muchas comunidades rurales aisladas y en situación de emergencia. Además, las recientes decisiones del gobierno nacional, como la reducción de las retenciones a las cerealeras, generaron nuevas frustraciones entre los productores, quienes responsabilizan a las autoridades por no actuar a tiempo y por la paralización de proyectos esenciales para controlar las inundaciones. La intendenta María José Gentile, tras días de tensión, se reunió con los productores en la tarde, comprometiéndose a cambiar metodologías de trabajo y a buscar soluciones definitivas. Sin embargo, la desconfianza persiste, especialmente ante el anuncio de reactivar obras de dragado, que algunos consideran una promesa vacía. La problemática refleja una situación extrema que requiere coordinación entre municipios, provincias y la Nación, y pone en evidencia la necesidad de una gestión más eficaz y transpar
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