La iniciativa busca endurecer sanciones, pero un legislador propone permitir el consumo no comercial, en un contexto de creciente mercado negro. En México, una reforma a la Ley General de Salud avanza en la Cámara de Diputados para prohibir la venta y el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el territorio nacional. La iniciativa, aprobada con mayoría, contempla sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de hasta ocho años para quienes participen en la comercialización de estos dispositivos. La propuesta busca proteger a menores de edad y reducir las campañas engañosas que promueven su consumo, destacando el vapeo como una amenaza para la salud pública. Sin embargo, la discusión contempla cambios importantes. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha presentado una reserva para que el consumo personal y la posesión de vapeadores no citados para la venta sean considerados delitos. De aprobarse, esta modificación flexibilizaría la prohibición, permitiendo a usuarios mantener dispositivos en su posesión cuando no tengan fines comerciales. Este debate aporta un contexto relevante ante la tendencia internacional. Varios países enfrentan un aumento en el mercado negro y en el uso de vaporizadores, en medio de políticas estrictas y vacíos regulatorios. La experiencia global muestra que las prohibiciones totales pueden generar mercados clandestinos que complican los esfuerzos de regulación y protección sanitaria, haciendo necesario un enfoque equilibrado que considere la reducción de riesgos y la protección de los grupos vulnerables. En años recientes, el trabajo regulador en México ha avanzado sobre el tema, con la aprobación en el Senado en 2024 de cambios constitucionales que sancionan toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, buscando garantizar un marco de protección para la salud pública desde la legislación superior. El uso del vapeo consiste en calentar un líquido que contien
Miércoles, 13 de mayo de 2026
