El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone que el uso de estrategias regulatorias ligadas a polos de desarrollo económico puede ser fundamental para combatir la corrupción. Estas medidas, junto con esquemas diferenciados que simplifiquen los trámites para empresas, buscan elevar la competitividad del país.
Un análisis de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 revela que los costos económicos por corrupción alcanzaron en 2024 su punto más alto en diez años. La creciente percepción de corrupción y la alta frecuencia de actos corruptos en distintos trámites indican la necesidad de cambios en la administración pública.
El IMCO señala la importancia de fortalecer las capacidades digitales en los gobiernos locales. Esto facilitaría a los ciudadanos realizar trámites y pagos a través de plataformas en línea, reduciendo el tiempo y el riesgo de corrupción. Mejorar la interacción entre instituciones y la ciudadanía es esencial para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
La percepción de corrupción se ha elevado, alcanzando un 84% en 2025, frente al 83% en 2023. Michoacán, Baja California y la Ciudad de México son las entidades con mayores tasas de percepción, mientras que Querétaro presenta el índice más bajo. La prevalencia de actos corruptos también ha sido significativa, con 15,642 incidentes por cada 100 mil habitantes.
De 2023 a 2025, los estados de Hidalgo y el Estado de México reportaron incrementos en prevalencia, mientras que Chihuahua y Colima mostraron una disminución, de acuerdo con los resultados del estudio. Estas cifras subrayan la urgencia de adoptar medidas eficaces para erradicar la corrupción en el país.
Con información de diariodelyaqui.mx