La nueva legislación busca modernizar procesos y aumentar ingresos, pero enfrenta críticas por posibles cargas financieras que afectarán a empresas y competitividad. En los primeros meses de 2025, la recaudación aduanera en México alcanzó cerca de 954 mil millones de pesos, reflejando una tendencia de crecimiento que busca fortalecer las finanzas públicas. La reciente reforma aduanera comprende más de 100 modificaciones, con el objetivo de modernizar procedimientos, endurecer regulaciones y mejorar la vigilancia en el comercio exterior. Sin embargo, estos cambios también generan inquietudes entre empresarios y expertos, quienes advierten que podrían implicar un doble pago de impuestos y mayores costos operativos. Entre las novedades están la elevación de multas, la implementación de controles más estrictos y la restricción en los certificados de Operador Económico Autorizado (OEA). Se pretende agilizar ciertos aspectos del comercio digital, especialmente en sectores como mensajería y paquetería, pero expertos señalan que ciertas disposiciones podrían perjudicar la liquidez de las empresas, incrementar litigios y reducir la competitividad del país en la economía global. La iniciativa también introduce sanciones elevadas, hasta 300% del valor de las mercancías, lo que ha generado preocupación respecto a la proporcionalidad y el impacto en pequeñas y medianas empresas. A pesar de algunos ajustes legislativos para ampliar la duración de autorizaciones y facilitar las garantías fiscales, el sector empresarial mantiene una postura crítica, alegando que la sobrerregulación podría frenar las cadenas de suministro y afectar la inversión. La discusión ahora se centra en el Senado, donde se esperan modificaciones que equilibren control y dinamismo económico. La reforma busca fortalecer la protección y eficiencia en el sistema aduanero mexicano, pero su éxito dependerá de cómo se apliquen estas nuevas reglas en el día a día del comercio internacional y si logran mantenerse en s
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