Cómo la propuesta de 2022 habría reducido la influencia del PRIAN y equilibrado el poder legislativo En la actualidad, la discusión sobre la reforma electoral en México ha cobrado relevancia, especialmente en el contexto de las próximas elecciones de 2024. Héctor Aguilar Camín, en su columna en Milenio, dedicó su análisis a Pablo Gómez, quien será el responsable de estructurar la nueva iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La crítica de Aguilar Camín fue dura, dirigidas tanto a Gómez como a la propuesta misma, pese a que aún no ha sido formalmente presentada ni conocida en detalle. El análisis señala que la reforma que Gómez diseñará probablemente tendrá muchas coincidencias con la iniciativa de abril de 2022, que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó impulsar. Esa propuesta, conocida como el Plan A, buscaba modificar sustancialmente el sistema electoral y la estructura del Congreso, pero no logró su aprobación en el Congreso debido a la falta de mayoría de Morena y sus aliados en ese momento. Tras la derrota del Plan A, se recurrió al denominado Plan B, que consistió en un paquete de reformas a leyes secundarias, aprobado en el Congreso pero invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte, en aquella época, llevó a cabo una interpretación que favoreció la constitucionalidad del paquete, aunque algunos sectores políticos y académicos consideraron que esa decisión fue cuestionable. La corte, además, inició un proceso de transformación que pronto culminará con su reemplazo por nuevos órganos judiciales, en un contexto de controversia sobre su independencia y actuación. El Plan C, que fue el último recurso, implicó una serie de reformas constitucionales que modificaron aspectos fundamentales del poder judicial, incluyendo cambios profundos en la estructura del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas, polémicas y controvertidas, lograron el respaldo de Morena y sus aliados, en parte
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