Expertos advierten riesgos de omisiones y buscan mejoras en la propuesta para proteger el acceso al agua en comunidades rurales. Ante la intención de modificar la Ley General de Aguas, diversas organizaciones especializadas en gestión hídrica y protección ambiental analizan las implicaciones de la iniciativa. La propuesta busca establecer un marco que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento, además de definir claramente las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, expertos señalan que podrían existir vacíos que pongan en riesgo la protección de los ecosistemas y el reconocimiento de sistemas comunitarios de agua. Uno de los puntos críticos es la posible eliminación de restricciones para otorgar concesiones en zonas federales, lo que podría afectar la conservación de los caudales ecológicos en ríos y acuíferos vitales para el equilibrio ambiental. Asimismo, se alertan sobre la insuficiente protección a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que en muchas comunidades rurales han sido fundamentales para garantizar el acceso al líquido vital. Organizaciones como Cántaro Azul destacan que la ley debe reconocer en toda su totalidad la autonomía y derechos de los comités ciudadanos encargados de gestionar el agua en zonas rurales. Estas organizaciones advierten que, sin una protección sólida y mecanismos claros de financiamiento y asistencia técnica, podría desintegrarse el trabajo que actualmente realiza una gran parte de la población mexicana en un contexto de escasa infraestructura pública. La comunidad legislativa también enfrenta el reto de evitar la duplicidad normativa entre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, ya que esto podría generar confusión y trámites burocráticos que retrasen la regularización de sistemas existentes. La revisión de estos puntos es clave para garantizar que la legislación sea efectiva y permita avanzar en la cobertura y calidad del acceso al agua en todo el país. En conclu
Sábado, 9 de mayo de 2026
