La aprobación de cambios legales en el Congreso ha sido criticada por limitar derechos y consolidar un régimen autoritario, alertan opositores. El Congreso mexicano aprobó una serie de reformas en la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con una votación de 70 a favor y 39 en contra. Estos cambios introducen modificaciones en conceptos clave, como la definición de “interés legítimo”, que ahora puede interpretarse en términos individuales o colectivos, lo cual ha sido cuestionado por especialistas en derecho por su potencial impacto en los derechos colectivos y en la protección de los ciudadanos. Además, se ajustan normativas sobre la suspensión provisional, una medida que detiene actos impugnados, y se establecen reglas para cumplir con procedimientos digitales en los juicios de amparo, modernizando los procesos judiciales. Desde la oposición, líderes del Partido Acción Nacional (PAN) han señalado que estas reformas representan un retroceso en la defensa de los derechos constitucionales, comparándolas con un intento de consolidar un régimen autoritario. El dirigente del PAN afirmó que se seguirán encarando los abusos del gobierno, ejemplificando con la tramitación de más de 10 mil amparos contra la polémica Ley Espía, que permite el acceso a datos de geolocalización sin restricción a cualquier autoridad, sin especificar quién puede solicitarlos. El dirigente aseguró que no se rendirán ante las presiones y que su partido defenderá la dignidad, la democracia y las libertades. Acusó a Morena de tener una visión centralista que ha debilitado la división de poderes en el país, evidenciando una sobrerrepresentación en el Congreso y una reforma judicial que, en su opinión, ha destruido los mecanismos de control y equilibrio institucional. La preocupación central radica en que estas acciones podrían poner en riesgo las garantías fundamentales y convertir a México en un régimen con mayores tendenci
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