El gobernador Gustavo Sáenz cuestiona medidas nacionales y propone suspender planes sociales en zonas fronterizas para proteger recursos locales y beneficiar a residentes. La provincia de Salta atraviesa un proceso de revisión en la asignación de beneficios sociales y atención sanitaria en respuesta a políticas nacionales que, desde su perspectiva, impactan negativamente en la comunidad local. Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia, evaluó como una acción desafortunada la suspensión de pensiones por discapacidad y la cobertura médica para personas en situación vulnerable, señalando que las cifras y necesidades en áreas alejadas requieren una atención particular. El mandatario local enfatizó que las políticas implementadas desde la capital federal muchas veces desconocen la realidad de las zonas fronterizas, donde el cruce de personas hacia países vecinos en busca de beneficios económicos afecta los recursos y la percepción de justicia social. En ese sentido, propuso suspender todos los planes sociales en las regiones fronterizas, exigiendo acreditar residencia efectiva en la provincia o en el país, con el fin de destinar los fondos a quienes realmente residen y contribuyen a la economía local. Además, Sáenz defendió la decisión de cobrar tarifas por atención sanitaria a extranjeros en hospitales provinciales, argumentando que esta práctica es común en otros países y que responde a un criterio de equidad y sostenibilidad. Reconoció, sin embargo, que en situaciones de riesgo de vida, se mantiene la atención humanitaria. La Fiscalía de Estado de Salta también solicitó en la Corte Suprema la restitución de pensiones suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad, en un intento por proteger los derechos de los beneficiarios. Este enfoque refleja la tensión entre políticas nacionales y las necesidades específicas de las provincias fronterizas, donde la tarea de equilibrar recursos y justicia social se vuelve cada vez más compleja. La discusión pone en primer plano
Sábado, 9 de mayo de 2026
