La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tomó la decisión de suspender la ejecución de una medida cautelar relacionada con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Este recurso, presentado por el Gobierno, provoca que la causa se remita ahora a la Corte Suprema de Justicia para su análisis.
El fallo fue emitido por la Sala III de la Cámara, compuesta por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández. La suspensión implica que el Estado no tiene la obligación de transferir los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional mientras el tribunal máximo no se pronuncie de manera definitiva sobre la cuestión.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, resaltó en su último informe que el Gobierno nacional cumple con su presupuesto para universidades, argumentando que la ley no especificaba su fuente de financiamiento, lo que complica su ejecución. Adorni declaró que las partidas para gastos de funcionamiento se transfieren mensualmente y que están actualizadas. Para el Presupuesto 2026 se prevé una asignación de 4.8 billones de pesos para estas instituciones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, también se ratificó el compromiso del Gobierno de garantizar el derecho a la educación, en un marco de sostenibilidad financiera. Sin embargo, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, criticaría esta postura, describiendo la situación como un hecho sin precedentes que refleja una resistencia por parte del Gobierno para cumplir la legislación vigente.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en septiembre de 2024 para ajustar los gastos de las universidades y reconstituir los salarios de los docentes. Aunque fue vetada posteriormente, el Congreso la ratificó en 2025. La controversia se intensifica en la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el lunes, con movilizaciones en diferentes ciudades, promovidas por organizaciones universitarias.
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