Un Tribunal de Apelaciones en Estados Unidos decidió permitir al Gobierno de Donald Trump reanudar el procedimiento de deportaciones aceleradas a nivel nacional. Este proceso, que originalmente se limitaba a casos en la frontera, ahora se aplicará a un mayor número de inmigrantes en el país.
Datos clave
- Cuándo: 19 de octubre de 2023.
- Qué: Se autoriza la reanudación de deportaciones aceleradas por parte del Gobierno de Trump.
- Dónde: Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, Estados Unidos.
- Quién: Gobierno de Donald Trump; Tribunal compuesto por jueces nombrados por Trump y Barack Obama.
El fallo se produjo tras una votación de dos a uno, donde los jueces consideraron que no se infringieron los derechos de los inmigrantes al extender el proceso de deportación acelerada. Esta política, conocida como ‘expulsión acelerada’, permitirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deportar a aquellos que no puedan probar que han estado en EE. UU. durante menos de dos años, sin ofrecerles la oportunidad de defender su caso ante un juez.
El juez Justin R. Walker, responsable de la opinión mayoritaria, argumentó que la directriz no es ilegal a partir de la supuesta mala implementación por parte de algunos funcionarios. Afirmó que aquellos afectados por la política aún tienen "una oportunidad significativa de ser escuchados".
¿Qué implica la resolución?
La decisión implica un cambio significativo en el enfoque del Gobierno hacia la inmigración en el país. La deportación acelerada, normalmente utilizada para detenciones ocurridas cerca de la frontera sur, se amplía para incluir detenciones en zonas más alejadas. Esto podría resultar en un aumento de deportaciones, afectando a un mayor número de inmigrantes que son detenidos en diversas partes de Estados Unidos.
¿Cuál es la reacción ante la medida?
El fallo ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La organización Make the Road New York, que encabezó la demanda, sostiene que esta política es inconstitucional ya que infringe los derechos al debido proceso. Por su parte, el juez disidente, Robert L. Wilkins, expresó su preocupación al señalar que no se ha demostrado que la aplicación de esta política no haya resultado en deportaciones de personas con más de dos años en el país.
La resolución del tribunal representa un impulso para la agenda migratoria de la administración actual, con posibles repercusiones en la vida de muchos inmigrantes en Estados Unidos.
Con información de laraza.com