Badajoz, Extremadura. - Nerea Fernández, coportavoz de Unidas por Extremadura, ha criticado los convenios entre la Consejería de Infraestructuras y los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz. La solicitud es que los 50.000 euros anuales destinados a estos acuerdos se usen para apoyar a personas que no pueden afrontar el alquiler.
Fernández considera alarmante que la Junta asocie el impago de alquiler con la ocupación ilegal, argumentando que esta equiparación transforma una dificultad económica en un problema de seguridad. “Se criminaliza a familias en necesidad, cuando lo que requieren es protección, no represión”, señaló.
Datos clave
- Quién: Nerea Fernández, coportavoz de Unidas por Extremadura.
- Qué: Propuesta de redirigir fondos para asesoría legal hacia apoyo de alquiler.
- Dónde: Extremadura, España.
- Cuándo: En el contexto de la reunión del Consejo Asesor de Vivienda.
La coportavoz también hizo hincapié en la discrepancia entre las preocupaciones oficiales sobre ocupación y la realidad del mercado habitacional. En Extremadura, hay aproximadamente 123.000 viviendas desocupadas y otras 235.195 que solo se utilizan algunas veces al año. Por contraste, solo 187 viviendas fueron reportadas como ocupadas en 2025, un número que Fernández argumenta no justifica la gran cantidad de recursos dedicados a este tema.
Además, Unidas criticó el recurso que el Gobierno autonómico presentó contra el Plan Estatal de Vivienda, lo cual podría obstaculizar que Extremadura reciba 210 millones de euros destinados a políticas de vivienda. Fernández también ha solicitado claridad sobre el desarrollo del programa Habita Extremadura y las ofertas residenciales para estudiantes, señalando que una propuesta para ofrecer vivienda a universitarios fue rechazada previamente.
¿Qué implica la crítica de Unidas sobre la ocupación?
Esta crítica de Unidas sugiere que las políticas actuales están desbalanceadas, enfocándose más en cuestiones de orden público que en soluciones habitacionales. Fernández enfatiza que es fundamental atender la grave situación de vivienda en la región, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.
¿Cuáles son las próximas acciones previstas?
Fernández se mostró escéptica ante los resultados del Consejo Asesor de Vivienda, sugiriendo que la Junta ignora los problemas fundamentales que afectan a la comunidad. La presión sobre el gobierno para reasignar recursos significativos hacia la vivienda asequible podría intensificarse en los próximos meses.
Con información de elperiodicoextremadura.com