La autoridad aseguró que, tras revisar los niveles de riesgo, se removieron 56 escoltas, sin que haya reclamaciones por parte de los beneficiados. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con el proceso de revisión y retiro de escoltas asignados a exfuncionarios públicos tras detectar que un número importante de agentes de seguridad estaban asignados a funciones administrativas, en lugar de labores especializadas de protección. En una primera etapa, se retiraron alrededor de 56 escoltas tras la evaluación del nivel de riesgo de cada beneficiario, sin que se hayan presentado reclamos o inconformidades. El Comité de Riesgos, que sesiona mensualmente para analizar caso por caso, busca garantizar que solo quienes realmente requieren protección continúen con ella, promoviendo un uso más eficiente de los recursos. La medida refleja un interés en optimizar la protección ofrecida, además de destacar la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en la entidad. Es importante contextualizar que en otras regiones de México, también se enfrentan desafíos similares en el manejo de escoltas y presupuesto en materia de seguridad, lo cual pone en evidencia tendencias en administración pública y protección personal en el país.
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