Nuevo León. - El juicio político contra el gobernador Samuel García continúa su curso, ya que el Congreso del Estado solicitó a 69 dependencias y 12 empresas proveedoras facilitar información en relación con una presunta triangulación de recursos públicos hacia entes privados.
Datos clave
- Quién: Samuel García, gobernador de Nuevo León.
- Qué: Juicio político por presunta triangulación de recursos.
- Dónde: Congreso del Estado de Nuevo León.
- Cuándo: Se solicitó información el 23 de octubre de 2023.
- Empresas involucradas: 12 proveedoras y comercializadoras.
La Comisión Anticorrupción del Congreso requirió a estas entidades que presenten comprobantes de pagos y transacciones relacionados con servicios prestados a las instituciones que podrían estar implicadas en actividades irregulares. Esta solicitud marca el inicio de la fase de investigación del proceso.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, subrayó la importancia de recopilar documentación que pruebe la existencia de contratos entre el gobierno y las empresas mencionadas. Las autoridades tienen un plazo de seis días hábiles para entregar la información requerida.
¿Qué implicaciones tiene esta solicitud?
Samuel García ha solicitado suspender su juicio político, argumentando en un documento presentado que los recursos transferidos a las empresas son privados, lo que podría implicar una violación a la privacidad de las mismas. Serrato Flores mencionó que García parece admitir la existencia de transferencias de recursos públicos hacia entidades privadas, lo que podría ser clave para el caso.
Ante este proceso, la diputada Sandra Pamanes, del partido Movimiento Ciudadano, criticó la solicitud de información, considerando que se está vulnerando el debido proceso del juicio. Esta controversia genera un ambiente de tensión en el Congreso.
¿Cómo están afectadas las autoridades del Congreso?
La legisladora panista Claudia Caballero reveló haber recibido amenazas durante la semana pasada por su participación en el juicio político. Afirmó que estos ataques no son coincidencia y que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La situación resalta las dificultades y riesgos que enfrentan los funcionarios en un ambiente político polarizado.
A medida que se desarrolla este juicio político, el Congreso busca aclarar las acusaciones, mientras que el gobernador intenta defenderse de las imputaciones en su contra. La atención del público y los medios continúa centrada en este caso.
Con información de unotv.com