Ciudadanos expresan dudas sobre seguridad, costos y regulación en la iniciativa de movilidad urbana durante la Semana de la Movilidad. En Monterrey, el inicio de un programa piloto de micromovilidad con scooters y bicicletas eléctricas ha generado opiniones encontradas entre los habitantes. La acción forma parte de las actividades por la Semana de la Movilidad y busca ofrecer alternativas sostenibles para desplazarse por la ciudad. La iniciativa contempla una primera fase con 150 unidades, con la posibilidad de ampliar la flota hasta alcanzar las 2000 unidades distribuidas por diversos puntos estratégicos, como la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora. A pesar del interés, diversos residentes manifestaron preocupaciones relacionadas con la seguridad vial y los costos del servicio. Algunos usuarios consideran que el proceso de renta es desafiante y que las tarifas resultan elevadas, especialmente después del período inicial gratuito, lo que limita su uso cotidiano. Asimismo, la carga y mantenimiento de los vehículos en espacios públicos ha despertado dudas sobre la infraestructura disponible y su impacto en la vía pública. La circulación de estos vehículos en avenidas principales también ha generado alertas por la posible alteración del orden vial, ya que los monopatines comparten espacio con automóviles sin regulaciones claras. La implementación de aplicaciones para rentarlos, como Lime y Uber, facilita su acceso, pero la percepción general indica que aún hay aspectos pendientes para garantizar su seguridad y conveniencia en el contexto urbano. Ante este escenario, expertos y usuarios coinciden en que la adopción de nuevos modelos de movilidad exige regulaciones precisas y una educación vial adecuada. La experiencia en Monterrey será una referencia para otros municipios interesados en promover alternativas ecológicas sin comprometer la seguridad y la accesibilidad de todos los ciudadanos.
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