La Fiscalía de NL inicia el proceso de reincorporación de agentes, buscando reducir gastos y fortalecer tareas de investigación criminal. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha comenzado el retiro de 56 escoltas asignados a exfuncionarios públicos, una medida que busca liberar recursos y mejorar la eficiencia en las labores de investigación. La decisión se tomó tras una revisión de la asignación de seguridad personal, en medio de un contexto en el que cientos de agentes estaban destinados a protección privada en lugar de tareas operativas, afectando la estrategia contra el delito en la región. El proceso se inició tras la creación de un comité especializado que revisa individualmente el nivel de riesgo de las personas que ya no ocupan cargos públicos para determinar si todavía necesitan protección. La ley estatal permite mantener escoltas y vehículos oficiales hasta por tres años después de concluir el cargo, con extensiones que en algunos casos, han sido prolongadas sin justificación clara, generando críticas por el uso de recursos públicos y la presencia de seguridad en exfuncionarios que ya no representan peligro. Este cambio refleja un esfuerzo por redistribuir fondos públicos hacia áreas que beneficien directamente a la ciudadanía y fortalecer las acciones contra la delincuencia en un estado donde la inseguridad persiste. Se anticipa que en las próximas semanas, más exfuncionarios serán evaluados para reducir o eliminar su protección personal, permitiendo que recursos sean canalizados a otras prioridades.
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