La propuesta del gobierno de Morena busca modificar las leyes electorales sin diálogo ni participación de la oposición La reforma electoral en México es uno de los temas más polémicos en la agenda política actual, ya que ninguna otra modificación normativa requiere niveles de consenso tan elevados como las leyes que rigen la competencia electoral. Estas leyes no solo establecen las normas jurídicas que regulan las contiendas electorales, sino que también definen las condiciones en las que los diferentes actores políticos pueden competir en igualdad de condiciones. La importancia de estos cambios radica en su impacto directo sobre la democracia, los derechos políticos y la autonomía de las instituciones electorales. Sin embargo, las autoridades del régimen federal, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y su partido, Morena, parecen tener una visión distinta. Según información disponible, el político Pablo Gómez, cuya trayectoria y congruencia son cuestionadas por algunos sectores, será la figura encargada de coordinar la presentación ante el Congreso de una reforma que, en la práctica, busca alterar de manera sustantiva las leyes electorales vigentes. La intención, se advierte, es modificar el sistema sin un proceso amplio de consulta o diálogo con los partidos de oposición ni con la sociedad civil, siguiendo un patrón que ha caracterizado las recientes reformas impulsadas por el gobierno. Este proceso se asemeja a lo ocurrido con la reforma judicial, que se llevó a cabo sin escuchar las voces críticas ni atender las protestas de trabajadores y expertos en la materia. La estrategia, en esta ocasión, parece ser la misma: avanzar con la modificación de las leyes sin respetar los procedimientos legales establecidos, ignorando las órdenes judiciales y sin considerar las recomendaciones de quienes advierten sobre los riesgos para la estabilidad institucional y el orden constitucional. La percepción general es que la administración busca implementar los cambios
Sábado, 9 de mayo de 2026
