Reforma a la Ley de Amparo prioriza resoluciones en 60 días y refuerza mecanismos contra delitos financieros

Las modificaciones buscan agilizar procesos judiciales, limitar suspensiones por interés social y garantizar la aplicación de prisión preventiva en delitos graves. Una nueva iniciativa en reformas a la Ley de Amparo busca optimizar la administración de justicia en México mediante la implementación de un plazo máximo de 60 días para que los jueces emitan sentencias tras la audiencia constitucional. La propuesta también establece que las autoridades podrán negar la suspensión de amparo si ésta contraviene el interés social, la prevención de delitos o el orden público, específicamente en casos relacionados con lavado de dinero, actividades ilícitas, permisos o la gestión de deuda pública. Además, la iniciativa refuerza que los juicios de amparo contra leyes generales no podrán conceder suspensiones con efectos colectivos, asegurando que las resoluciones sean individuales y limitadas. Entre los cambios más significativos, se precisa que en casos de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la suspensión del proceso solo permitirá que la persona quede a disposición del juez para que continúe el procedimiento, garantizando la aplicación efectiva de la ley y la protección del orden público. Este conjunto de reformas responde a la necesidad de fortalecer la eficiencia judicial y reducir la impunidad, ofreciendo un marco más claro y expedito para la protección de derechos fundamentales sin comprometer el interés general ni la seguridad nacional. La propuesta forma parte de un plan integral para modernizar las instituciones judiciales y asegurar una justicia más rápida, transparente y equitativa en el país.