San Luis Potosí, SLP. - En octubre de 2025, se difundieron videos donde supuestos miembros de grupos criminales acusaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su administración de tener vínculos con el crimen organizado. El mandatario desmintió estas afirmaciones y aseguró que las grabaciones estaban generadas por inteligencia artificial, anunciando acciones legales al respecto.
Gallardo hizo un llamado al Congreso local para abordar la regulación de la inteligencia artificial. En respuesta, el 4 de noviembre, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una reforma al Código Penal local que establece penalizaciones de hasta seis años de cárcel por el uso indebido de esta tecnología, lo cual fue aprobado poco después por el Congreso.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre el potencial uso malintencionado de la "Ley Serrano", resaltando que esta legislación podría criminalizar actividades legítimas dentro del entorno digital. La medida ha sido criticada por priorizar sanciones penales en lugar de explorar soluciones no punitivas para abordar los problemas causados por el uso de la inteligencia artificial en la comunicación.
La situación se tornó más grave el 21 de mayo de 2026, cuando se arrestaron a dos mujeres dedicadas a la divulgación de noticias, acusadas de un delito relacionado con la identidad digital. Los detalles sobre la denuncia son confusos, pero parece estar vinculado a los videos que dieron origen a este conflicto. Este contexto ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión y los derechos de los comunicadores en el estado.
La "Ley Serrano" es una de varias reformas en el ámbito penal que han sido implementadas en los últimos años, y a pesar de las advertencias de especialistas, su continuidad refleja una tendencia preocupante hacia la penalización de la libertad de prensa en México.
Con información de proceso.com.mx