Culiacán, Sinaloa. - La regidora priista Erika Sánchez Martínez solicitó durante una sesión de Cabildo que Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil no retornen a sus respectivos puestos como Gobernador de Sinaloa y Alcalde de Culiacán. Este llamado se produce tras 22 meses de crisis de violencia en la región, periodo en el cual la edil acusó tanto al gobierno estatal como al federal de ignorar la gravedad de la situación.
Sánchez enfatizó que Rocha Moya y Gámez Mendívil han perdido la confianza de la ciudadanía y, aunque no exista una sentencia en su contra, argumentó que han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según ella, su regreso a los cargos no sería beneficioso para Sinaloa.
Datos clave
- Quién: Erika Sánchez Martínez, regidora priista.
- Qué: Exige que Rocha Moya y Gámez Mendívil no regresen a sus cargos.
- Dónde: Culiacán, Sinaloa.
- Cuándo: Durante una sesión de Cabildo reciente.
- Contexto: 22 meses de crisis de violencia en Sinaloa.
La regidora señaló que es fundamental que presenten su licencia definitiva, argumentando que el servicio público debe cumplir con estándares más altos que la mera ausencia de una sentencia. Recordó la devastación provocada por la violencia en la región, que ha dejado miles de familias afectadas, y destacó la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.
¿Cuál es el impacto de los señalamientos?
Erika Sánchez comentó que las verdaderas víctimas de la violencia son las más de 3 mil familias que enfrentan el dolor de la pérdida y más de 4 mil que buscan a desaparecidos. También incluyó a las miles de familias desplazadas y a quienes han sufrido robo de vehículos y feminicidios. Lo que ella plantea es la necesidad de que las autoridades den respuesta a la sociedad.
¿Qué exige la regidora a la administración federal?
Sánchez demandó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República que investiguen los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses. Criticó al Gobierno federal por proteger a los involucrados en lugar de esclarecer el caso, enfatizando que reservar información no ayuda a las relaciones bilaterales, sino que parece una protección política.
El reclamo de la regidora refleja un creciente malestar en la ciudadanía hacia las instituciones y la política, exigiendo transparencia y responsabilidad en medio de una crisis persistente.
Con información de noroeste.com.mx