La reciente detención de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa ha conmocionado al país, destacando presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa. El exgobernador Rubén Rocha Moya enfrenta serias acusaciones, mientras que las cuentas de varios miembros de su entorno han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, ya compareció ante un tribunal en Estados Unidos. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, optó por entregarse a las autoridades en el país norteamericano. El arresto de Mérida Sánchez se llevó a cabo el 11 de mayo y fue confirmado posteriormente por el gabinete de seguridad mexicano.
El 29 de abril, las autoridades estadounidenses realizaron acusaciones formales contra Rocha Moya y otros funcionarios, incluyendo al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzulza. Estas imputaciones implican vínculos directos con el crimen organizado y la posesión de armas de fuego, complicando aún más la situación del exgobernador.
Fuentes del sector financiero indicaron que la UIF congeló las cuentas bancarias de los acusados y sus familiares a partir del 6 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó durante una conferencia de prensa que no tenía conocimiento detallado sobre el congelamiento de cuentas, pero anunció que solicitará información sobre el tema.
La lista de acusados incluye a una variedad de funcionarios de alto nivel que, de ser hallados culpables, enfrentarían severas consecuencias legales. La situación podría tener un impacto significativo en la política y la seguridad en la región de Sinaloa, lo que lleva a cuestionar el estado de la corrupción y el narcotráfico en México.
Con información de uniradioinforma.com