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Veracruz

Aprobado desafuero de alcaldes de Veracruz por delitos graves

El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de dos alcaldes para enfrentar acusaciones de delitos graves.

Por Juan Tovar1 min de lectura
El Congreso de Veracruz retira el fuero a dos alcaldes por investigación de delitos graves.
El Congreso de Veracruz retira el fuero a dos alcaldes por investigación de delitos graves.
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El Congreso de Veracruz ha aprobado el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván y Ixhuatlán del Sureste, permitiendo que la Fiscalía General del Estado avance con denuncias penales contra ellos. Esta decisión fue tomada en una sesión extraordinaria cerrada, donde 40 de los 50 diputados dieron su voto a favor del retiro de la inmunidad.

Datos clave

  • Alcaldes involucrados: Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván) y Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste).
  • Motivos: Investigaciones por secuestro, asesinato y desaparición de personas.
  • Voto: 40 de 50 diputados aprobaron el desafuero.
  • Resultados: La Fiscalía podrá proceder legalmente sin la protección del fuero.

Ambos ediles enfrentan acusaciones serias. Raúl González Martínez está bajo investigación por un presunto vínculo en el caso del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas en relación con este caso. Por otro lado, Bertín Bravo Montero es investigado por una posible conexión con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.

¿Qué significa el desafuero para los alcaldes?

El desafuero permite a la Fiscalía llevar a cabo acciones legales sin las limitaciones impuestas por el fuero constitucional. Esto significa que ambos funcionarios pueden ser juzgados y, si se determina su culpabilidad, enfrentar las penas correspondientes.

¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano?

Movimiento Ciudadano ha denunciado el proceso que condujo al desafuero, sugiriendo que puede estar impulsado por motivaciones políticas en vez de acciones jurídicas legítimas. Sin embargo, las autoridades del estado sostienen que todas las decisiones tomadas están fundamentadas en investigaciones sólidas y no en intereses de carácter partidista.

La situación continua siendo monitorizada mientras la Fiscalía avanza en las indagaciones relacionadas. Es un momento crítico para ambos funcionarios, quienes podrían enfrentar graves repercusiones si se confirman las acusaciones en su contra.

Con información de entornoinformativo.com.mx

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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