Cuando en septiembre de 2024 el Congreso de la Unión aprobó —con apoyo del Ejecutivo federal y mayoría de Morena— una reforma constitucional para que los integrantes del Poder Judicial de la Federación fueran electos por voto popular, se habló de un parteaguas democrático. Por primera vez en la historia moderna del México, la ciudadanía elegiría directamente a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas electorales, magistraturas de tribunales de circuito, jueces y juezas de distrito y más de 2,600 cargos clave del aparato judicial. La promesa era combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo. Pero el resultado fue, más bien, un ejercicio precipitado, opaco y altamente cuestionable. El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar esta elección extraordinaria, no recibió ni los recursos ni el tiempo necesario para cumplir cabalmente con su función. Con menos de tres meses para preparar el proceso —muy por debajo del promedio de una elección ordinaria— y con un presupuesto severamente recortado, el INE operó bajo condiciones de emergencia: menos casillas, logística comprimida, boletas complejas e información insuficiente para los votantes. Y así, el 1 de junio de 2025, la ciudadanía enfrentó una jornada electoral confusa, abrumadora y desconectada. Se les pidió llenar hasta seis boletas para cargos judiciales, sin claridad sobre quiénes eran los candidatos, qué funciones ejercen ni cómo evaluar sus méritos. La participación apenas se acercó al 13 % del padrón nacional. En algunas zonas, la cifra fue aún más baja. La desinformación y la apatía se mezclaron con una alarmante cantidad de votos nulos. Pero el problema fue más profundo que el desinterés. Se documentaron prácticas preocupantes: la repartición de “acordeones” —listas impresas con los nombres de ciertos candidatos— supuestamente impulsados por operadores políticos del oficialismo, apareció en más del 90 % de los votos ganadores. ¿Fue esta una elección lib
Editorial
El Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación ¿Un paso a la democratización?
Cuando en septiembre de 2024 el Congreso de la Unión aprobó —con apoyo del Ejecutivo federal y mayoría de Morena— una reforma constitucional para que los integrantes del Poder Judicial de la Federación fueran electos por voto popular, se habló de un parteaguas democrático. Por pr
Por Pedro Paul Rivera Hernández3 min de lectura

