Perspectiva de la situación de Venezuela

El anuncio del 03 de enero de 2026 sobre la captura y “extracción” de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores desde Caracas hacia los Estados Unidos para ser juzgados por cargos federales relativos al narcotráfico y algunos otros delitos, ha generado opiniones encontradas desde diversos puntos de vista: jurídico, político, social, etc. Inicialmente, esto ha generado una crisis profunda de legitimidad en el orden jurídico internacional, polarizando reacciones en el mundo entero existiendo quiénes las apoyan y quiénes las califican de violaciones a las normas internacionales. La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados el deber de abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Por tanto, la operación estadounidense en Venezuela no contó con la autorización del Consejo de Seguridad, por lo que se considera una violación a los principios de no intervención y de la soberanía estatal, los cuales son pilares fundamentales para la paz y la seguridad internacionales. Al aprehender a un titular del poder ejecutivo en funciones sin el consentimiento de su Estado, se configura una violación a la vulneración de la inmunidad racional, reconocida por el derecho internacional. Por otra parte, Estados Unidos ha intentado justificar el suceso, al establecer el cumplimiento de una orden judicial emitida por una autoridad interna, sin embargo, al actuar con fuerza militar en un territorio distinto al suyo, desde un aspecto jurídico, excede cualquier contexto de una “aplicación de la ley” legítima, dado que para ello existen organismos internacionales a los cuales acudir para actuar dentro del marco normativo internacional. Las posiciones de la comunidad internacional han sido variadas. Por ejemplo, China, Rusia y México han condenado fuertemente la operación, argumentando una violación a la soberanía y al derecho internacional. En el caso de Francia, ha criticado fuertemente al señalar que este ti