Las y los jóvenes no piden un gobierno perfecto, pero sí uno transparente y con buenas prácticas. En un mundo donde casi todo deja huella digital, cada vez es menos aceptable que existan decisiones sin explicación, contratos inaccesibles o resultados imposibles de comprobar. Para muchos jóvenes, la confianza no se construye con discursos, sino con evidencia: datos abiertos, reglas claras, procesos auditables y sanciones cuando alguien falla. Esta exigencia nace de experiencias repetidas de corrupción y opacidad que impactan directamente su vida y su futuro, desde empleo y educación hasta seguridad y salud. La transparencia, además, es el punto de partida para un debate serio: si no se sabe cómo se asigna el presupuesto, cómo se eligen proveedores o quién se beneficia, crece la sospecha y la política se siente lejana. Por eso valoran instituciones que informan con claridad, rinden cuentas, responden solicitudes y reconocen errores, junto con prácticas cotidianas como trámites simples, atención sin favoritismos y mecanismos reales para denunciar abusos sin represalias. Esta mirada también cambia la forma de participar: no se trata solo de votar, sino de vigilar, preguntar, verificar y organizarse para exigir cuentas. Cuando el gobierno abre información, facilita la participación; cuando la oculta, aumenta la desconfianza. En síntesis, para las juventudes la legitimidad se gana con hechos: un gobierno que se deja mirar, evaluar y responsabilizarse de lo que promete.
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