Marco Antonio Avilés Huerta, abogado defensor de 13 mexicanas y mexicanos entregados a Estados Unidos, ha denunciado un evidente trato desigual en el proceso de extradición en comparación con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Este planteamiento surge a raíz de las condiciones restrictivas a las que enfrentan sus clientes, acusados de delitos graves.
El abogado sostiene que las 92 personas extraditadas entre 2025 y 2026 estuvieron “desterradas”, enfrentando incomunicación, limitaciones para recibir visitas y procesos judiciales bajo acusaciones de terrorismo y crimen organizado. Según Avilés, en el caso de Rocha Moya, se ha priorizado la observancia de derechos y garantías durante un proceso judicial que, advierte, marcó diferencias significativas respecto a los otros casos.
Mientras Rocha Moya recibió un enfoque más cauteloso para asegurar su debido proceso, las entregas de sus 13 representados se llevaron a cabo sin respetar las garantías correspondientes. Avilés detalla que de sus defendidos, tres ya tenían procesos de extradición finalizados, y varios han obtenido amparos para evitar su entrega, evidenciando un uso desproporcionado del trato judicial.
Las acusaciones contra sus clientes incluyen narcoterrorismo, lo que los expone a consecuencias severas en las cortes estadounidenses, incluyendo penas de prisión de por vida. Avilés señala que la Fiscalía estadounidense ha emitido advertencias sobre sentencias drásticas si no cumplen con las exigencias de cooperación.
Además, el abogado sostiene que se han presentado carencias en la asistencia consular, advirtiendo de la vulneración de derechos según la Constitución mexicana. Busca que se tomen medidas diplomáticas, solicitando al Estado mexicano una intervención que permita que sus representados enfrenten la justicia en territorio nacional antes de considerar cualquier extradición formal.
Con información de vanguardia.com.mx